COMITÉ PRODEFENSA DEL MUCUJÚN “Dr. ERNESTO PALACIOS PRÚ”

Quienes subscribimos, integrantes del Comité Pro Defensa del Mucujún “Dr. Ernesto Palacios Prú”, nos hemos sentido en la obligación de hacer del conocimiento público algunos hechos y consideraciones en relación al Proyecto de Construcción de las Instalaciones del Distrito Tecnológico Social AIT-PDVSA, Mérida, en los terrenos de la Zona Militar de El Valle.

Construir la sede propuesta, requiere instalaciones para oficinas, laboratorios, comedor, alojamiento para visitantes e instalaciones complementarias, a ser dedicadas a actividades de investigación y desarrollo en automatización, control y comunicaciones en soporte de proyectos del interés de nuestra principal industria.

Estimamos que la construcción de dicha sede en el ABRAE de la cuenca del río Mucujún, no difiere del que hubiesen generado anteriores propuestas de urbanismo de alta densidad, que los habitantes de la zona han luchado por impedir en razón de constituir amenazas para la zona protectora de la cuenca del Mucujún.

Apreciamos contradictorio que el Distrito Tecnológico – Social, cuyo cometido societario es precisamente resarcir en áreas no petroleras los pasivos ambientales que PDVSA acumula por sus actividades de extracción, transporte y procesamiento plantee, desde su rama tecnológica, un desarrollo ambientalmente agresivo en una zona vulnerable y no petrolífera cuando abundan alternativas para construir en áreas que se beneficiarían de su actividad sin afectar nacientes de agua u otros elementos del patrimonio natural.

Es difícil comprender que una actividad que tiene entre sus objetivos fundamentales las telecomunicaciones, que debe dar soporte actividades de producción, transporte y procesamiento ubicadas en otras áreas del País y que por lo tanto exige el desarrollo de una plataforma espacialmente dispersa conectada por las mejores tecnologías que permita el estado del arte, necesite construir una sede concentrada, precisamente en una área bajo régimen de administración especial.

Resulta, igualmente, incomprensible que el proyecto no se integre ni haga mejor uso de las capacidades e instalaciones que la Universidad de Los Andes les ha ofrecido, y que los proponentes reconocen y citan como principal motivo para radicarse en el Estado Mérida.

En nuestra lectura:

1 – Los objetivos particulares del Distrito Tecnológico AIT no implican la necesidad de que su sede sea construida precisamente en esta área de protección y es claro que su puesta en marcha afecta innecesariamente el área protectora de la cuenca del Mucujún y sentaría precedente para justificar la realización en la zona de actividades tecnoindustriales reñidas con la necesidad de proteger las nacientes de la cuenca.

2 – El elemento ineludible de la agresión ambiental, que es independiente de su diseño arquitectónico final, es la concentración humana misma que, en el ámbito de la comunidad de Los Pinos de El Valle, donde está ubicada la zona militar escogida para la construcción, implicaría triplicar la densidad de población actual.

3. Desde el punto de vista del marco legal, para el control del uso de la Zona Protectora, tal construcción sentaría un precedente que permitiría la construcción de desarrollos habitacionales de similar densidad por parte de empresarios locales, nacionales e internacionales que han mostrado persistente interés en llevarlos a cabo y que sólo han podido ser detenidos por el rechazo enérgico de las comunidades de la zona. Es de notar, además, que el Lic. Castellanos, líder del proyecto, ha insistido en que las edificaciones no incluyen viviendas para el personal permanente del proyecto; no es razonable esperar que a la larga éste resida efectivamente fuera del área porque:

Una vez construida la sede prevalecería la natural y comprensible inclinación que cualquier persona tiene a alojarse cerca del lugar de trabajo, especialmente cuando éste queda distante del casco urbano y, como en el caso particular, la zona de labor, además de ser más atractiva, tiene una vía de acceso de limitada capacidad, sujeta a frecuentes interrupciones.

Como seguramente se hará evidente para el administrador de personal, la residencia en Mérida limita la jornada laboral como consecuencia de la longitud del viaje aunada al congestionamiento y frecuente interrupción de las no muy ampliables ni diversificables vías de acceso a El Valle.

Por la naturaleza de la actividad será frecuentemente necesario para muchos empleados quedarse en la zona después de la jornada habitual de trabajo

Todo ello hace previsible un incremento substancial de la demanda local de vivienda, servicios y suministros claramente superior a las capacidades actuales de la zona y la generación de múltiples y muy variadas oportunidades comerciales que atraerán aún más pobladores, generando un mercado amplio y urgente que dispararía los desarrollos habitacionales de alta densidad, que los vecinos de la zona han luchado por impedir, en aras de la preservación de la capacidad de la zona para producir agua. El resultado neto de la construcción de la sede del Distrito Tecnológico AIT en esta zona, según estamos analizando, sería la desaparición de buena parte de las ventajas que atraen a quienes proponen construirla y la destrucción de recursos naturales críticamente necesarios y difíciles de reemplazar con lo cual terminaríamos perjudicados todos.

Por otra parte:

1. Las necesarias ampliaciones de vialidad y restricciones de tránsito por motivos de seguridad.

2. El incremento del consumo de agua.

El volumen adicional de aguas servidas que se generará (según el vídeo de presentación, la demanda de agua es de 1 litro por segundo, es decir 86.400 lts. diarios, los cuales aun descontando el agua destinada a riego y pérdidas por evaporación, deben producir todavía un respetabilísimo volumen de desecho).

Las 24 horas de actividad y la necesidad de iluminación de seguridad por toda la noche, que por su propia naturaleza requerirán las instalaciones proyectadas; serían otras relevantes agresiones ambientales con importante impacto sobre la fauna de la zona y la vida diaria de la población local.

Necesitamos destacar que ante el alarmante aumento de las construcciones en la Ciudad con el consecuente incremento de la población y la demanda de servicios, la Zona Protectora del Mucujún se convierte en objetivo estratégico de protección para la supervivencia de Mérida por su cuádruple condición de Reserva ecológica, Fuente de las aguas de mayor pureza para la Ciudad, Patrimonio turístico y Escape de la presión urbana que obliga a considerar con la mayor cautela las propuestas de construcción que la afecten.

Un segundo aspecto del problema es la manera como el equipo gestor ha venido promoviendo para que los consejos comunales de la zona acepten la construcción de la sede en el área Protectora. Hemos sido testigos, no invitados, de estas presentaciones, a la última de las cuales, convocada por invitación personalizada del equipo promotor del proyecto tuvimos dificultades para entrar, y se nos negó el derecho a voz.

El acto de presentación al que aludimos fue claramente violatorio de la concepción vigente del poder popular por varias razones:

1. A pesar de reconocer explícitamente la autonomía de los consejos comunales, la reunión fue convocada y dirigida por personal de PDVSA y las intervenciones fueron limitadas, sin previa consulta a los asistentes, a tres por comunidad con la restricción de que se ciñeran al formato de pregunta. El procedimiento por lo tanto no es admisible como fuente de legitimación de decisiones que por la magnitud de la convocatoria corresponderían a una mancomunidad de consejos comunales, cuya eventual constitución estuvo en cualquier caso expresamente reprimida por la segregación de los convocados en espacios rígidamente separados.

2. El equipo promotor especificó al comienzo mismo del acto que el propósito de la reunión era ratificar el apoyo a la construcción de la sede del Distrito Tecnológico AIT en la zona escogida para ello.

3. Se ignoraron intervenciones de Consejos Comunales que, en respuesta a esta declaración, afirmaron no conocer el proyecto que se les pedía ratificar.

4. La presentación, que abundó en la descripción de la variedad de problemas confrontados por las comunidades de la zona en áreas tan diversas, como ambiente, salud, servicios y drogadicción, ofreciendo interponer los buenos oficios del equipo promotor por ante los organismos legalmente competentes y presupuestariamente responsables de darle solución; escatimó dar información suficiente sobre los aspectos del proyecto que se requeriría conocer para ponderar su previsible impacto ambiental.

5. Ante solicitudes de información sobre tales aspectos el Lic. Castellano respondió que la “ingeniería de detalle” no estaba lista porque se llamará a un concurso para definirla con la participación de las comunidades. No es un procedimiento aceptable porque obvia de hecho la evaluación del impacto ambiental y sociecomómico de la operación de la sede, como requisito legal previo para la aprobación del proyecto.

6. Mediante este proceder el Lic. Castellanos se constituye de facto en una suerte de autoridad única de El Valle que interfiere con el ejercicio de la función de contraloría social que corresponde a las comunidades y usurpa el rol del Gobierno Regional en la formulación del plan de desarrollo de la zona que tendría que ser cogestionado por los consejos comunales, las autoridades civiles y los organismos a quienes compete la solución coordinada de la compleja gama de problemas implícitos.

Tal plan, perentoriamente necesario, presupone ir mucho más allá de la interpretación personal que alguien pueda hacer de la versión actual del reglamento de uso de la zona y la gestión oficiosa y oportunística de la respuesta de los organismos de servicio público a las necesidades de la población local.

Este episodio refuerza claramente la urgencia de una revisión a fondo de dicho reglamento que evite flexibilizarlo irresponsablemente a favor de intereses circunstanciales, elimine imprecisiones riesgosas como por ejemplo la que se refiere al tipo de investigación científica al cual su espíritu alude y sirva de marco para la formulación de un plan concertado de desarrollo de la Zona Protectora del Mucujún que permita su capitalización ecológica.

Sobre estas consideraciones nos permitimos atraer la atención y solicitar la participación de la comunidad, en la defensa del agua y el futuro de nuestra ciudad. Solicitamos, igualmente, apoyo para el cumplimiento con el requisito legal de evaluar el impacto ambienta y socioeconómico del proyecto, como condición previa a su puesta en marcha.

En la ciudad de Mérida, a los dos días del mes de junio del año dos mil siete.

FIRMAS REGISTRADAS EN ACTA.

Olga Andrade Miembro Comité Pro Defensa del Mucujún “Dr. Ernesto Palacios Prú” Miembro Integrante del Consejo Comunal “Los Pinos de El Valle C.I. Nº 3.499.869

SIN AGUA, NO HAY VIDA De la conservación de la Subcuenca del Río Mucujún depende la vida de miles de habitantes en Mérida AYÚDENNOS A DEFENDERLA Comité Pro-defensa del Mucujún “Dr. Ernesto Palacios Prú” www.promucujun.com / email: palaciosp@promucujun.com

~ por etnoecomerida en julio 31, 2007.

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